“Actuar es arriesgado, pero no actuar es un suicidio social”

Interesante artículo extraído del diario La república.es, aunque existen afirmaciones que no compartimos es conveniente conocer estos demoledores datos y dramas sociales que denuncia la asociación estatal de servicios sociales

          

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha alertado de la crítica situación de más de 300.000 familias que han sufrido ejecuciones hipotecarias desde 2008 y ha advertido de que si no se hacen reformas legales para reforzar su protección habrá “un suicidio social”.

Los responsables de centros de atención social de las distintas administraciones han presentado en el Parlamento un conjunto de propuestas de saneamiento de la insolvencia de los particulares, tras reunirse con representantes del Gobierno y del Defensor del Pueblo para advertir de “la quiebra de la cohesión social”.

“Actuar es arriesgado, pero no actuar es un suicidio social”, ha asegurado el presidente de esta entidad, José Manuel Ramírez, quien ha opinado que “todo lo que no se gaste en protección social, el Gobierno se lo va a tener que gastar en seguridad ciudadana; dinero que se recorte en políticas sociales, dinero que a la larga van a tener que gastar en Policías, en Guardia Civil y en cárceles”.

Los directores de servicios sociales urgen a regular la insolvencia de los particulares -cambiando leyes como la concursal que se refiere a las empresas- e introducir fórmulas de mediación, para intentar pactar una salida antes de acudir al procedimiento judicial.

Plantean la creación de una nueva figura jurídica de protección dirigida a las unidades familiares, deudoras de buena fe y en claro riesgo de exclusión económica y social, que suponga el tratamiento de su insolvencia junto a la activación de todos los apoyos posibles para su reflotamiento.

“No se trata de condonar deudas sin más”, ha dicho el responsable del redactar las propuestas, Luis Barriga, sino de buscar soluciones -como moratorias hipotecarias o pausas de alquiler- antes de acudir a los tribunales, creando un sistema de protección, tal y como existe en otras regulaciones de países de la OCDE.

Esta solución se aplicaría a familias en situación de riesgo de exclusión, que hasta el momento de la quiebra tuvieran una situación normalizada y que demuestren un sobreendeudamiento objetivo, es decir, que no tengan capacidad de pago, advierten.

La red de los servicios sociales está desbordada y las familias -que ha reagrupado a sus miembros- no pueden seguir soportando el peso de la crisis, ha expuesto Barriga.

Ha destacado la gravedad de la situación de muchos ciudadanos, que se define con una unión de cifras como: cinco millones de parados, 300.000 ejecuciones hipotecarias y 150.000 lanzamientos desde 2008; una de cada tres familias españolas no puede afrontar ni un solo gasto imprevisto y una de cada cuatro se encuentra técnicamente en riesgo de exclusión.

“Estamos abocando a una sociedad en la que millones de personas insolventes son desposeídas de todos sus bienes presentes y futuros y condenadas a vivir de subsidios y de la economía sumergida, impidiéndose su reincorporación con normalidad a la vida social y económica”, ha opinado.

Según el presidente de la organización, el Gobierno está preocupado por esta situación, aunque “los bancos no quieren que se introduzca esta protección jurídica al endeudamiento familiar”.

“No creo que en un corto plazo vaya a haber un estallido social, pero cuando la población sea consciente de que existen soluciones y de que es una cuestión de voluntad, a lo mejor empieza a exigir, con cierta fuerza, que se adopten ciertas medidas”, ha dicho Luis Barriga.

“El drama es más humano, más que estallido; estoy convencido de que el aumento de suicidios va a ser brutal, junto a las enfermedades mentales, el fracaso escolar, la violencia doméstica; más que salir a la calle y romper los cristales de los bancos va a ser un goteo incesante de dramas humanos, hasta que la gente pierda el miedo”, advierte el presidente de esta asociación.