noticia aparecida en el diario el País este pasado lunes 04 de febrero
PP y PSOE vetan en el Congreso a los jueces más críticos con los desahucios
Almenar y Fernández Seijo, eliminados de la lista de comparecientes
Jose María Fernandez Seijo
El Partido Popular, con el aval del PSOE, ha vetado la presencia en
el Congreso de los dos jueces que más se han destacado en sus críticas
hacia la legislación actual de desahucios. Ni Manuel Almenar, vocal del Consejo General del Poder Judicial y coordinador de un informe demoledor contra el sistema,
ni José María Fernández Seijo, el juez que recurrió ante el Tribunal de
Justicia de la UE la normativa española, serán escuchados en la Cámara
por los diputados que trabajan en la ley que ha de plantear las reformas
necesarias. En ninguna de las dos audiciones previstas de mañana y el
miércoles habrá un solo representante de la judicatura, el estamento que
más de cerca conoce el problema de los desahucios y que se ha destacado
por su movilización en este asunto.
Tras la publicación del informe de Almenar en octubre pasado, la
alarma social desatada por los estragos de la crisis y varios casos de
suicidio de personas afectadas por los desalojos, el Gobierno aprobó en
noviembre pasado medidas urgentes para frenar los procesos contra las
personas en situaciones más precarias. El Congreso ha de convalidar esas
medidas y buscar modificaciones legales de más calado.
El nombre de Almenar para acudir a la comisión había sido propuesto
por CiU y por el grupo popular. Almenar, sin embargo, solo recibió hace
tiempo la llamada de la formación política catalana para saber si estaba
de acuerdo en su candidatura. Ha sido descartado sin que nadie le haya
vuelto a contactar. José María Fernández Seijo iba a acudir a propuesta
del PSOE, pero el viernes recibió una llamada de los socialistas para
advertirle de que ya no contaban con él. Los miembros de la comisión de
Economía y Competitividad del Congreso que organiza las audiciones sí
lograron mantener, en cambio, la comparecencia de Ada Colau,
representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, a la que el
grupo popular se oponía. Su comparecencia la reclamaban los
socialistas, CiU y la Izquierda Plural.
Finalmente, solo comparecerán en las audiciones seis de los
diecinueve expertos propuestos por los grupos. Dos de ellos representan a
la banca y otros dos, a los afectados. La lista final es la siguiente:
Francisca Sahuquillo, presidenta del Consejo General de Consumidores,
Fernando Pedro Méndez, experto en derecho registral de la Universidad de
Barcelona, Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria
Española, Julio Rodríguez, expresidente del Banco Hipotecario, Javier
Rodríguez Pellitero, vicesecretario de la Asociación Española de Banca y
Ada Colau.
Alberto Garzón, el representante de Izquierda Unida, deploraba ayer,
al igual que UPyD, la eliminación de los dos jueces llamados a
comparecer, y culpaba al PP de convertir las audiciones en una operación
de imagen. “El PP es el que ha forzado que haya solo seis expertos y
que estos sean escuchados durante solo quince minutos. El PSOE tiene por
costumbre pactar con el PP de forma sistemática en la comisión de
economía y competitividad del Congreso”. La portavoz socialista en dicha
comisión, Leire Iglesias, explica que lo que su partido pretende es
“intentar llegar a acuerdos”. “Nos costó meter a Ada Colau y nos
pidieron renunciar a alguien. El PP también lo ha hecho. Nosotros
valoramos el cambio a mejor del Gobierno, que ha pasado de no querer
revisar nada a lanzar este proceso legislativo”. El diputado popular que
lleva este asunto, Pablos, Matos rehusó hablar ayer con EL PAÍS. Dijo a
través de un portavoz que el PP busca el máximo consenso.
José María Fernández Seijo
estaba ayer perplejo ante la situación generada, mientras que Almenar
fue más comprensivo. “Lo importante”, dice, “es que se tomen medidas
legislativas que sean más equilibradas para ambas partes en los procesos
de desahucio”. A pesar de contar con su acuerdo, la socialista Leire
Iglesias lamenta la ausencia de ambos en el Congreso. “El problema
fundamental está en la Ley de Enjuiciamiento Civil y el informe de los
jueces de octubre pasado coordinado por Almenar fue muy importante al
respecto. Ellos conocen bien los procedimientos”.
Las medidas urgentes aprobadas en noviembre dejaron en suspenso
durante dos años los desalojos que afectaban a los ciudadanos más
vulnerables. Para Leire Iglesias es urgente una reforma más profunda de
la legislación para evitar abusos de ley y unos intereses de demora
excesivos. De hecho, esas suspensiones no han paralizado los
procedimientos. “Al cabo de dos años, según nuestros cálculos, los
acogidos a dichas medidas habrán aumentado, de media, su deuda con los
bancos en 18.000 euros y todavía pueden perder sus casas”.
