Entrevista a Sergio Gómez, concejal de Juventud del Ayuntamiento de Marinaleda
“Nuestro principio es cooperar en lugar de competir”
Enric Llopis
Rebelión
Un municipio de unos 4.000 habitantes en la provincia de Sevilla, a modo de isla utopía, rodeada de un universo capitalista cada vez más voraz y competitivo. Marinaleda. El pueblo donde todavía es posible soñar y donde, como afirma su concejal de Juventud, Sergio Gómez, “nos regimos por el principio de cooperar en lugar de competir, al revés que en el resto del mundo”. El joven concejal y profesor de Historia ha participado en el 2º Foro Ciudadano del barrio marinero de Natzaret (Valencia), titulado “El poder de la participación”.
-¿Cómo inicia su camino Marinaleda hasta convertirse en un referente utópico de otro modelo de sociedad?
Los comienzos datan de los años 70, a partir de la organización de los jornaleros en paro con el objetivo de acceder a la tierra. En 1979, el Colectivo Unidad de los Trabajadores-Bloque Andaluz de Izquierdas (CUT-BAI), de la mano de Juan Manuel Sánchez Gordillo, llega al gobierno municipal y comienza una política de transformación de las estructuras a todos los niveles. Se impulsan ocupaciones de fincas, huelgas de hambre, cortes de tráfico, de aeropuertos o concentraciones ante las delegaciones de la Junta de Andalucía para conseguir tierras. En el año 1992 se produce un tercer hito, cuando el gobierno andaluz nos reconoce el derecho al usufructo de 1.200 hectáreas de tierra que antes pertenecían al duque del infantado. Es el final de un largo proceso de luchas por la conquista de la tierra, en la que hemos sufrido una represión muy fuerte.
-¿Es un hecho en Marinaleda la democracia “social” y “participativa”?
Además de contar con “presupuestos participativos”, las actuaciones del Ayuntamiento han de pasar previamente por la asamblea municipal, que suele ser multitudinaria, y en la que participan muy activamente los vecinos de Marinaleda. La gente se implica a partir de una vinculación horizontal y los cargos públicos –concejales y alcalde- no perciben retribución alguna. Hemos conseguido alcanzar, asimismo, tasas de paro mínimas, en torno al 2%; en cuanto a la democracia “social”, podríamos poner muchos ejemplos de nuestra filosofía –“cooperar y no competir”- como el “Domingo Rojo”, que consiste en el trabajo voluntario de los vecinos en la limpieza de calles o la construcción de edificios públicos. Esta iniciativa arrancó en 1979 y continúa hoy vigente.
El principio de reparto de la riqueza se traslada asimismo a los bienes básicos y los servicios sociales
Pongamos el caso de la vivienda. La hipoteca en Marinaleda puede salir por una cuota de 15 euros al mes, debido a la intervención del ayuntamiento que abarata los costes entre un 50 y un 60%. El consistorio compra suelo rústico, lo urbaniza, presta los arquitectos y los oficiales. El propietario trabaja y coopera en la construcción de la vivienda, que está terminada en 400 días. Y hablamos de casas de 200 m2. Desde hace tres décadas se desarrolla esta iniciativa, lo que significa que la utopía del derecho a la vivienda se ha hecho real en Marinaleda. Lo mismo ocurre con los servicios sociales. Los ciudadanos tienen a su disposición una guardería infantil por 12 euros al mes o un polideportivo municipal y gimnasio por una mensualidad de 10 euros. Este bienestar alcanzado, sin embargo, no nos debe hacer olvidar nuestros orígenes.
Buena parte de la población trabaja en el campo y en la industria
El campo y la industria generan trabajo durante todo el año. Se siembran y recogen cíclicamente pimientos, alcachofas, habas, berenjenas u olivas. En la cooperativa, una sola que integra la producción agrícola e industrial, se transforman los productos agrícolas y se venden al por mayor pero, y esto es lo decisivo, reinvirtiendo los beneficios con el fin de garantizar el empleo. Se trata de un proyecto común. No admitimos la apropiación privada de la plusvalía ni la especulación. Tampoco ha habido en la cooperativa reparto de tierras ni propiedad privada, y en el economato se establecen precios justos.
¿En qué consiste el “espíritu cooperativo” de Marinaleda?
Básicamente en la necesidad de que colaboren todas las personas que quieran mantener el proyecto. Y es algo que puede constatarse. Nunca se ha negado nadie en el municipio a aportar 15 días anuales gratuitos de trabajo en la cooperativa. Marinaleda cuenta además con un rasgo de colectividad muy marcada: todos los trabajadores de la cooperativa ganan lo mismo. Tampoco tenemos policía municipal ni guardia civil que garanticen el orden, ya que no resultan necesarios en un pueblo tan cohesionado. Ni, por cierto, bancos ni grandes constructoras.
¿Hay enemigos internos que pongan en riesgo esta cohesión, sectores de la derecha política o económica?
En las listas del Partido Popular a las elecciones municipales figuran candidatos de fuera de Marinaleda. Hay asimismo una clara animadversión por parte de los empresarios de una localidad cercana, Estepa; estos sectores actúan de manera interna para boicotear nuestro proyecto, a la manera de cómo Estados Unidos hizo en el Chile de Salvador Allende. Asimismo, hemos de hacer frente a la hostilidad de pequeños propietarios. A todos ellos oponemos la conciencia ideológica del 85% de la población que luchó para materializar el principio de que la tierra es para el que la trabaja y no para el que especula.
Por mucho que Marinaleda se rija por otros valores, ¿Cuesta desarrollar esta labor de conciencia en un contexto de capitalismo feroz?
Así es. Hay gente que trabaja en la cooperativa y participa en las asambleas municipales pero, a lo mejor, no se moviliza lo suficiente para la defensa del proyecto, es decir, para seguir con los principios que nos inspiraron hace 30 años. Desde la Concejalía de la Juventud realizamos este trabajo permanente de conciencia y reflexión con los jóvenes, que, como señalas, aunque vivan en Marinaleda, son presa de las marcas, los móviles, los portátiles y, en suma, los negocios de las grandes compañías.
Por último, ¿Qué nuevas metas tiene Marinaleda en el horizonte?
Conservar las conquistas sociales del municipio y, sobre todo, el acceso a la propiedad de la tierra. Las 1.200 hectáreas en las que trabajamos de manera colectiva nos fueron cedidas por la Junta de Andalucía en régimen de usufructo en 1992, después de que se le expropiaran (con indemnización) al duque del infantado. Pienso que lo hicieron porque no creían que fuéramos capaces de roturar y convertir en tierras fértiles aquellos eriales, que han multiplicado por 10 su valor con el tiempo. Negociamos ahora con el gobierno andaluz la propiedad, para cerrar cualquier posibilidad de que se nos desaloje.
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