El PP quiere un imponer un estado fascista.

Multas de 600.000 euros por convocar una protesta en Twitter ante el Congreso.

"Insultar" o "coaccionar" a la Policía en una protesta puede acarrear una sanción de 30.000 euros.
La nueva Ley de Seguridad Ciudadana contemplará 16 nuevos supuestos que castigar económicamente.

Según esta nueva ley las protestas espontáneas en contra de un desahucio también serán consideradas un delito.

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana recogerá como infracción muy grave participar en una manifestación ante el Congreso de los Diputados o cualquier otra institución del Estado si esta no ha sido comunicada a la Delegación del Gobierno, o si habiéndolo hecho, se prohíbe. Pero no sólo participar en la protesta será objeto de castigo: aquellos que la hubieran convocado a través de Internet, las redes sociales o cualquier otra vía podrán ser también sancionados por haber cometido una infracción muy grave. Las posibles multas para unos y otros oscilarán entre los 30.001 y los 600.000 euros, según el Ministerio del Interior.

La Audiencia Nacional frenó hace un año en seco el intento de Interior de atribuir a los manifestantes de ‘Rodea el Congreso’ y a los convocantes de la protesta un delito contra las altas instituciones del Estado. El Código Penal tipifica como delito "alterar" el normal funcionamiento de la Cámara cuando los diputados estén reunidos. Cuando se apruebe la nueva Ley de Seguridad Ciudadana no será necesario ni que haya un solo diputado dentro para que el convocante o el manifestante sea acusado de cometer una infracción muy grave y ser castigado con hasta 600.000 euros.

Aquella manifestación del 25 de septiembre de 2012 ante el Congreso sólo le valió imputaciones a manifestantes acusados de protagonizar altercados violentos a su término. Pero sus consecuencias han ido mucho más allá. El Ministerio del Interior y el PP, por una parte, y los convocantes y manifestantes por otra, libraron una batalla por atribuir al otro la responsabilidad de los incidentes. El departamento de Jorge Fernández Díaz defendió las cargas como proporcionadas a la amenaza que representó la protesta y aunque no le quedó más remedio que abrir una investigación por la actuación policial en la estación de Atocha, dejó durante meses el expediente en suspenso hasta que lo cerró sin responsables.

Uno de los argumentos de los manifestantes eran las imágenes grabadas por ellos mismos con sus teléfonos móviles. Pues bien, la difusión de imágenes de antidisturbios durante las manifestaciones también pasará a constituir una infracción muy grave, castigada hasta con 600.000 euros.  El PP no quiere testigos de la represión policial.

Con la nueva Ley, constituirá una infracción grave no entregar el DNI al policía que lo reclame.

Por lo demás, taparse la cara con una capucha, una gorra o un casco supondrá igualmente una fuerte multa –infracción muy grave- si se ha hecho para alterar el orden público en una manifestación, independientemente de que la acción cometida sea por otra parte considerada delito. Finalmente, y en contra de lo que avanzó la semana pasada Fernández Díaz, el escrache no constituirá una infracción en sí, según fuentes de Interior. Sin embargo, la existencia de esta nueva forma de protesta ha motivado que la próxima Ley de Seguridad Ciudadana capacite a la Policía para establecer cordones de seguridad cuando considere que se está dando una de estas acciones, que el Gobierno denomina "de acoso".

Protestas ecologistas

En el capítulo de desobediencia civil también se ven afectados aquellos que protagonicen protestas de contenido ecologista. Por ejemplo, los activistas que sobrevuelen una central nuclear para llamar la atención sobre los efectos adversos de ese tipo de energía cometerán una falta muy grave, al igual que los que lo hagan sobre un aeropuerto o cualquier infraestructura considerada "crítica". Si otro tipo de manifestantes optan por colapsar con sus vehículos una arteria, como hizo en Catalunya el movimiento que se opone al pago de peajes, las Fuerzas de Seguridad tendrán potestad para disolver la protesta, según la nueva Ley. Escalar a un monumento o edificio emblemático será considerado falta grave.

Por debajo de las infracciones muy graves estarán las catalogadas como “graves”, castigadas con multas de entre 1.001 y 30.000 euros y las leves, que conllevan el pago de entre 100 y 1.000 euros.