Cada uno en su casa y el tribunal en la de todos (Noticia publicada en el ABC 02/03/10

POR ANDRÉS ORGAZADAMUZ. Con el ladrillo hemos topado. El concepto inmobiliario está siendo la causa del enfrentamiento directo que están protagonizando el alcalde de Adamuz, Manuel Leyva, y su
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2-3-2010 03:36:25
POR ANDRÉS ORGAZ
ADAMUZ. Con el ladrillo hemos topado. El concepto inmobiliario está siendo la causa del enfrentamiento directo que están protagonizando el alcalde de Adamuz, Manuel Leyva, y su homólogo en Algallarín, Juan Molina, ambos socialistas.
Y consiste en una batalla de derechos, que bien podría resumirse en la idea de que en casa de uno, que no venga a mandar nadie ajeno. Éste parece ser el pensamiento de Molina, que ha llevando el asunto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Tribunal Supremo, con el propósito de definir quién debe de gestionar la cartera urbanística de Algallarín.
El conflicto se gestó en noviembre pasado, después de que la Alcaldía adamucense resolviera la suspensión inmediata de las obras de construcción en la espalda de la calle San Fernando de Algallarín, así como de una nave en la margen derecha del camino del Soto.
Ninguna de las dos obras contaba «con la correspondiente licencia u orden de ejecución», según recoge la resolución de la Alcaldía. Es más, ambos proyectos están ubicados «en terrenos no urbanizables», por lo que el Servicio de Arquitectura y Urbanismo del Alto Guadalquivir (SAU) resolvió la paralización y precintado de las obras.
Desde entonces, Molina no ha parado hasta demostrar qué Ayuntamiento y qué alcalde han de regir los intereses urbanísticos de Algallarín. Para ello, ha hecho una apuesta arriesgada, contratando al ex alcalde de Encinarejo, Miguel Martínez Múrez (PA), acusado por el juez de instrucción de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación e infidelidad en custodia de documentos, al cobrar en mano una tasa por una obra que no contaba con licencia.
Aun así, el TSJA ha sentenciado que Algallarín es una Entidad Local Autónoma, y como tal, «es el órgano competente para dar las licencias de obras en nuestro pueblo y nunca el Consistorio de Adamuz». Tras esta resolución, el propio Molina se ha encargado de airear, mediante un bando, que «los problemas existen, porque este Ayuntamiento (Algallarín) no consiente que se nos trate como una calle, barrio o pedanía como nos quieren hacer creer».
Y mientras, el grupo municipal de IU, que destapó el conflicto, denuncia que «Algallarín esta cometiendo barbaridades consentidas por Adamuz». Su portavoz, Rafaela Mesones, ya ha lanzado otro interrogante sobre «el destino de un millón de euros, resultante del beneficio de la venta de la parcela para la construcción de las 200 viviendas».